Una visión para nuestro país

Comunicado
Jueves 20 de Diciembre de 2018

Desde su asunción en diciembre de 2015, el Gobierno encabezado por el presidente Macri obtuvo importantes logros, como el fin del“cepo cambiario”; la salida del default; la recomposición de las reservas del Banco Central; y el inicio de una política de reducción de los subsidios a los servicios públicos. Asimismo, deben ponderarse las importantes obras públicas destinadas a modernizar una infraestructura deteriorada (sin los escandalosos sobreprecios de otrora); la expansión del transporte aéreo; las inversiones en el yacimiento Vaca Muerta; así como la implementación de las PPP (Participación Publico Privada); y leyes como las de “Financiamiento Productivo” y la “Ley Pyme”. Fuera de la esfera estrictamente económica –aunque no independiente de ella– pueden mencionarse logros tales como la recomposición de las relaciones con las principales naciones del mundo (la exitosa cumbre del G20 fue prueba cabal de
eso); el avance en la lucha contra el narcotráfico; el respeto por la libertad de prensa y de expresión de la ciudadanía; y la independencia entre los poderes del Estado –inherente a una República–, entre otros.
Sin embargo, el año 2018, en lo económico, estuvo signado por una fuerte depreciación de la moneda local, que derivó en una aceleración inflacionaria y caídas de los niveles de actividad. En lo que respecta a Comercio y Servicios, los últimos datos disponibles acusan el impacto de la crisis en materia de actividad; y las muy elevadas tasas de interés, producto de la política contractiva llevada adelante por el BCRA para contener la inflación, comprometen a las empresas, especialmente a las pymes. A pesar de esto, para los primeros 9 meses del año, Comercio y Servicios generó nuevos puestos de trabajo. En los tres años de gestión del presidente Macri la inflación se mantuvo elevada, mientras que el PBI solo creció en 2017. Por otra parte, no se logró bajar significativamente el empleo en
negro y la informalidad en general; la deuda pública se incrementó; las exportaciones han tenido hasta el momento un dinamismo limitado; y los abultados déficits gemelos (fiscal y externo) recién comenzaron a corregirse sensiblemente en 2018 –en el marco de la crisis que hoy nos afecta–, al igual que el exorbitante gasto público heredado, récord absoluto en nuestra historia. Los niveles de riesgo país, en tanto, evidencian la desconfianza que nuestra economía aún genera en los inversores mundiales.
Al momento de encontrar una explicación para este escenario, puede mencionarse ciertas falencias de gestión, reconocidas por el propio Gobierno, el deterioro del contexto internacional y la sequía que afectó a la última campaña agrícola. Pero, más allá de esto, deben
tenerse en cuenta las condiciones estructurales en las que la actual gestión se hizo cargo del país. El presidente Macri heredó una economía con profundos desequilibrios y cercana a un colapso; y con necesidad de muchos cambios estructurales, que, acorde con la estrategia gradual elegida por el Gobierno, aún no se han materializado, a pesar de la vocación de avanzar en este sentido.
Una de estas transformaciones –quizás el principal reto en materia económica– exige reducir el “costo argentino”, mal de larga data que erosiona nuestra competitividad. En 2017, la CAC presentó un pormenorizado documento, denominado “Costo Argentino”, en el que se
sostenía que “Los niveles de precios que pagan los argentinos por los productos más relevantes de la canasta de consumo son, en muchos casos, elevados en la comparación internacional”. Esta situación, además de implicar un perjuicio para los consumidores locales,
conspira contra la solvencia externa del país, al erosionar, permanentemente, nuestras posibilidades de competir en los mercados internacionales.
Al momento de analizar las causas de este fenómeno, el estudio de la CAC detecta problemas específicos en algunas de las cadenas de valor consideradas (por ejemplo, fallas de productividad intrínsecas a las compañías), pero también observa que las falencias tienen, fundamentalmente, un origen externo a las empresas, derivadas del entorno macroeconómico. La comparación internacional muestra que la presión impositiva es mayor en nuestro país que en naciones de la región y otras del mundo desarrollado, encareciendo fuertemente la estructura de costos del sector privado. Asimismo, se señalan los problemas derivados de los costos laborales no salariales, las falencias logísticas, la deficiente calidad de la infraestructura, el escaso desarrollo del sistema financiero y la concentración en algunos mercados.
De lo expuesto, queda claro que, en esta nueva etapa de la Argentina se lograron importantes avances, muy opacados por los problemas del presente. Más allá de una recuperación coyuntural, nuestro país tiene por delante el desafío de resolver temas de fondo. Un fenómeno tan relevante como el “costo argentino” –y con tantas aristas– amerita la adopción de medidas en múltiples ámbitos. En el
anexo del presente documento, y sin pretensión de exhaustividad, la CAC repite y actualiza algunas propuestas, que, de implementarse, colaborarían en la corrección de algunas de las distorsiones y permitiría avanzar hacia una economía estable y competitiva.
Pero, más allá de medidas de política económica, la Entidad está convencida de que es imprescindible consolidar un cambio institucional y cultural en nuestro país. Ante una sociedad atrapada en el cortoplacismo y acostumbrada a vivir por encima de sus posibilidades, es necesario reinstaurar la previsibilidad y la cultura del esfuerzo. En una economía que entre 1900 y 2017 tuvo 107 años de déficit fiscal –y que, al financiarlo mediante emisión, generó una inflación desmesurada que llevó a la supresión de 13 ceros en la moneda nacional– urge establecer un manejo prudente de las cuentas públicas. Es imperioso poner fin a la incontinencia secular en materia de gasto público, mal que está en la base de nuestras recurrentes crisis macroeconómicas. En definitiva, se requiere dar por superado de una vez
y para siempre el populismo, reafirmar el imperio de la ley y consolidar las instituciones republicanas y la división de poderes. Solo así será posible que nuestra nación alcance el progreso al que los argentinos aspiramos.
ANEXO:
Cinco ejes para reducir el “costo argentino”
A continuación, se enuncian de forma sintética las principales propuestas de la CAC, agrupadas en cinco ejes:
Tributario
En materia tributaria, vale destacar que tras diversas gestiones realizadas por la CAC se concretaron importantes avances en lo que respecta a planes de financiamiento para deudas con el fisco; como así también se logró una modificación del sistema de embargos para evitar la multiplicación de las sumas retenidas. No obstante, la Entidad considera que debería avanzarse con las siguientes acciones:
Poner fin a la discriminación que sufre Comercio y Servicios en materia de impuesto a los Ingresos Brutos (el Consenso Fiscal
implicó un alza de las alícuotas para esta actividad, en contraposición con bajas en las alícuotas que se aplican a otros sectores).
Corregir los permanentes saldos a favor en el impuesto a los Ingresos Brutos, consecuencia de diversos regímenes de
percepciones y retenciones.
Perfeccionar e institucionalizar los mecanismos para controlar el cumplimiento del Consenso Fiscal por parte de las jurisdicciones adheridas y sus municipios, y aplicar penalizaciones en caso de incumplimiento.
Combatir frontalmente a la informalidad en sus diversas modalidades (venta ilegal callejera, “saladitas”, evasión, etc.), para eliminar la competencia desleal que ésta implica para el comerciante legalmente establecido, como así también para lograr que la carga impositiva sea repartida de forma más equitativa y dentro de los márgenes de la ley.
Suprimir el cobro de impuestos por publicidad en vidriera vinculada a la identificación del comercio, los productos que
comercializa, la aceptación de medios de pago, etc.
Fijar un horizonte para que se considere la incidencia de la inflación al momento de la determinación del impuesto a las ganancias de las empresas.
Laboral
En materia laboral, la CAC considera que debería avanzarse con las siguientes acciones:
Promover una reforma laboral que tenga como eje la mejora de la productividad.
Arbitrar acciones para reducir la informalidad laboral.
Atender a los desafíos en materia de empleo que se derivan de las nuevas modalidades de comercialización (como ser las denominadas “economías de plataforma”).
Restituir beneficios en materia de contribuciones a la Seguridad Social previstos por el decreto 814/2001 (o beneficios análogos), para que la completa implementación de la reforma tributaria no implique un aumento de los costos laborales.
Derogar los impuestos provinciales sobre la nómina salarial, tal como está previsto en el Consenso Fiscal.
Incentivar la capacitación de la fuerza laboral, y darle carácter continuo y permanente, particularmente en un entorno de acelerado cambio tecnológico.
Desburocratización y simplificación
Dentro de este eje, puede mencionarse que luego de gestiones llevadas a cabo por la Entidad, se lograron importantes progresos en materia de facturación electrónica. La CAC considera que también debería avanzarse en lo siguiente:
Modificar el Código Civil y Comercial de la Nación volviendo a la unificación de las normas de prescripción.
Corregir el esquema de certificado fiscal para contratar, para que la solicitud no se rechace por deudas menores.
Modificar resoluciones referidas a reglamentos técnicos y certificaciones (Ej.: como los ya realizados en seguridad eléctrica) que resulten innecesarias e impliquen una carga burocrática.
Regular las acciones de clase, para evitar el uso abusivo que de ellas hacen algunas asociaciones de consumidores.
Evitar abusos en materia de aranceles que cobran las entidades recaudadoras en concepto de derechos intelectuales (SADAIC;
SAGAI; etc.).
Impulsar la adopción por parte de los municipios de un código de procedimientos fiscales unificado.
Medios de pago electrónico
Vinculado con este eje, vale enfatizar nuevamente que, merced a acciones de la CAC, que incluyeron una presentación ante la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia en 2016, se lograron reducciones en las alícuotas que se cobran a los comercios por pagos con tarjetas de crédito y débito, como así también el compromiso de desinversión de una empresa que detentaba una posición dominante. La CAC considera que también debería implementarse lo siguiente:
Eximir de comisiones y gastos administrativos a las operaciones con tarjetas de débito, toda vez que la nueva normativa de AFIP obliga a los comercios a aceptar este medio de pago.
Invertir en infraestructura de telecomunicaciones, para favorecer la adopción de medios de pagos electrónicos.
Revisar la base para el cálculo de impuestos y retenciones (actualmente los comercios abonan impuestos sobre un monto que incluye los intereses financieros que ellos no reciben).
Reducir los plazos de acreditación en los pagos con tarjeta, ya que esto implica un elevado costo financiero en capital de trabajo.
Evitar que la responsabilidad de comprobar la fiabilidad de los datos de la tarjeta o documento presentados por el comprador recaigan sobre el comercio (el arancel que abona el comercio debería cubrir la verificación del crédito del tarjeta-habiente).
Difundir los medios de pago electrónico entre consumidores y empresas.
Homogeneizar los protocolos para este tipo de plataformas, para favorecer la competencia y evitar el surgimiento de posiciones dominantes.
Comercio exterior
En relación a este eje, vale señalar que la CAC efectuó recomendaciones para introducir mejoras en el régimen Exporta Simple (por ejemplo, la incorporación de correos nacionales a este servicio). Asimismo, se consiguieron avances en materia de Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE) y de importaciones temporales. También hubo mejoras en lo que respecta al acceso a información de
comercio exterior. Actualmente, se está trabajando con las secretarias de Comercio Exterior y Comercio Interior para armonizar los
vencimientos de la Declaración Jurada de Composición de Producto y la del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
Además, hubo avances en el traslado de mercaderías del régimen de licencias no automáticas al de licencias automáticas. También debe
ponderarse la apertura de las autoridades en lo que respecta a la reforma del Código Aduanero, permitiendo la participación del sector
privado en la Comisión Proyecto de Reforma de la norma mencionada. No obstante, debería trabajarse también en lo siguiente:
Promocionar los esquemas de reintegros a las exportaciones, reducir la demora en los cobros y revertir la baja en sus montos.
Fijar un cronograma de reducción de los derechos de exportación, y excluir de su aplicación a los servicios.
Promocionar y simplificar el régimen de drawback.
Reducir los montos topes para el régimen de courier y envíos postales, ya que este podría generar una desigualdad entre los usuarios de este esquema y el régimen general (controles aduaneros y de organismos como SENASA e INAL).
Mejorar los controles de funcionamiento de las aduanas, principalmente las del interior, para no tener que solicitar servicios extraordinarios.
Lograr la mayor sincronización posible en la internalización de normas en el ámbito del Mercosur.
Revisar el cronograma de desgravación y requisitos de origen del AAPCE°6 (Argentina-México).
Reconsiderar la posición argentina en las negociaciones internacionales respecto de la autocertificación, en diálogo con las entidades del sector privado.

Añadir nuevo comentario

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.